Tanto la intervención a cargo de Víctor Marecos como las autoridades intervenidas han realizado presentaciones en el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) por la situación en que se encuentra la entidad.

Para el interventor hay sobradas pruebas de irregularidades en la gestión Vásquez, mientras que para éste, el proceso inciado por Marecos está cubierto de vicios y abusos de poder.

Como muestra, Vásquez mostró su malestar por la orden de venta de una Sprinter que fuera adquirida con fondos propios y puesta al servicio de la comunidad.

“El interventor no tiene facultades para desprenderse de bienes de la cooperativa ni de los socios, ni tampoco de distintas actividades sociales que tiene en funcionamiento y está suspendiendo actividades sociales como Cooperarte y la biblioteca”, contó Vásquez.

Por último, Domingo Vásquez recalcó que la intervención no tiene facultades para disponer de los bienes societarios. Ellos tienen que hacer un informe a la jueza y la jueza dirá qué es lo que se dispondrá de esos bienes”.