La medida se tomó porque los denunciantes consideraron que ambos entes están vulnerando de forma actual e inminente los derechos para la protección del medio ambiente.

“El Gobierno local debiera a través de la autoridad de aplicación haber tomado las medidas pertinentes a fin de evitar o iniciar las actividades de remediación a fin de subsanar el daño ambiental que sufre hoy tanto la ribera como la ciudad”, precisó el vecino, Eloy Huento.

Comentó que la planta se creó el año 1997, destinada a una población de 25 mil habitantes, montada en “La Herradura”, sin contar con un estudio de impacto ambiental previo y al año 2000 la ciudad tenía una población uperior al que podía contener.

Con la intervención de la justicia se busca que se realicen las obras necesarias para el inmediato cese del daño ambiental que se está produciendo en las aguas del Río Limay como así también en la localidad.

Fuente: Nqn Al Instante.