40 años atrás, con el apoyo de algunos sectores de la sociedad civil y el acompañamiento de los grupos económicos nacionales y extranjeros, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado e implantaron un plan de persecución y exterminio de los opositores al gobierno de facto, con un saldo de 30.000 personas desaparecidas, más de 500 niños apropiados y miles de detenidos políticos.

El genocidio fue la punta de lanza de un proceso de desguace de la industria y el Estado en beneficio de la acumulación de capital por parte de los especuladores financieros de dentro y fuera de nuestras fronteras, con el funesto corolario de una guerra de Malvinas encarada por los mandos militares genocidas a costa de la valentía y entrega de tantos jóvenes soldados con el sólo objetivo de perpetuarse en el poder y no de defender los soberanos derechos sobre las islas del atlántico Sur.

Cabe recordar que ruptura institucional de 1976 fue perpetrada en el marco del Plan Cóndor, la instalación de regímenes dictatoriales en toda América Latina con el aval y promoción de la CIA y los sectores más reaccionarios de Estados Unidos y sus sempiternos aliados de las finanzas.

Hacer memoria y reflexionar sobre las nefastas consecuencias sociales del terrorismo de Estado tiene una implicancia fundamental en el rumbo de nuestro presente, y es necesario para impedir el resurgimiento del autoritarismo y la violencia y para generalizar y extender las conquistas de más y mejores derechos para todos los seres humanos.