La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría la ley Nº 3230 que declara la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19) durante 180 días, con la posibilidad de prorrogarla por idéntico plazo. La norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 140 millones de dólares y propone una serie de medidas de contención y mitigación por el avance del COVID-19. La iniciativa fue presentada por el gobernador Omar Gutiérrez y se trató en forma conjunta con otros seis proyectos vinculados a acciones preventivas contra el coronavirus. La ley faculta al gobernador a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también de disponer medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia.

La emergencia sanitaria se aprobó en la noche del 25 de marzo en la 2º sesión especial del XLIX período legislativo que comenzó pasadas las 20.30 y continuó luego de la medianoche para su tratamiento en particular. Fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas. Como medida de prevención, previo al ingreso al edificio, se tomó la temperatura con un termómetro infrarrojo a todos los legisladores y al personal afectado a la sesión.

Durante el tratamiento en general, la ley de emergencia sanitaria recibió 33 votos aportados por los bloques MPN, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Siempre, Juntos, Unión Popular, Partido Demócrata Cristiano, Frente Nuevo Neuquén y FRIN. En forma negativa se pronunciaron los bloques FIT y PTS-FIT.

Sin embargo, en el tratamiento en particular, el Partido Demócrata Cristiano y el FIT no estuvieron presentes en el recinto, mientras que el Frente de Todos votó en forma dividida. Las diputadas Soledad Martínez, Soledad Salaburu y Ayelén Gutiérrez adelantaron su voto negativo a los artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley, vinculados a las medidas económicas. De igual modo se expresó su compañero de bloque Darío Peralta. Los demás bloques votaron igual que en el tratamiento en general.

El cuerpo incorporó modificaciones al proyecto original presentado por el gobernador. El cambio principal es el monto del crédito que, de 100 millones de dólares, ascendió a 140 millones y se estableció que un 28,57% del crédito se destine como aporte no reintegrable a los municipios y comisiones de fomento de la provincia. A la vez, se incorporó que el Comité de Emergencia también esté integrado por tres representantes de la Legislatura, designados por los tres bloques con mayor representatividad. El Comité deberá comunicar a la Legislatura un informe quincenal sobre el estado de situación sanitaria y las acciones adoptadas, como así también fortalecer los servicios de protección a víctimas de violencias de género.

Como miembro informante, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que la ley contiene herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda tomar todas las medidas necesarias para mitigar la pandemia. Explicó que implica contar con “mecanismos que en una situación normal serían impensados pero, en realidad, no queda otra alternativa que tomarlos y asegurar su cumplimiento”. “Las medidas tomadas a tiempo pueden coadyuvar a evitar muchísimas muertes”, sostuvo, tras recordar el informe que expusieron ante los diputados la ministra de Salud, Andrea Peve, y el ministro de Economía, Guillermo Pons, sobre el panorama de la pandemia a nivel provincial.

Detalló que la norma contiene medidas extraordinarias de protección a la población y un endeudamiento para cubrir las consecuencias de la crisis de la pandemia. “Ni las economías más avanzadas estaban preparadas para enfrentar los grandes gastos”, aseguró. También enfatizó que es necesario prever el peor de los escenarios para estar preparados de la mejor manera y se pronunció a favor de la acción mancomunada de todos los poderes del Estado.

Su compañera de bloque, Liliana Murisi, hizo eje en las consecuencias económicas de la situación e informó que el precio del barril de petróleo estaba estimado en 57 dólares y, al mes de marzo, promedia 37 dólares. “Esto impacta en 38 millones de pesos por cada dólar que se deja de percibir y, al mes de marzo, se dejan de percibir regalías por 760 millones de pesos”, acotó para argumentar la necesidad de ofrecer la herramienta al Poder Ejecutivo. En ese sentido, convocó a todos los bloques a acompañar el pedido del gobernador ante el gobierno nacional de un precio sostén del barril para lograr “los recursos que todos estamos necesitando”.

El jefe del bloque oficialista, Maximiliano Caparroz, manifestó que el gobernador no tiene la posibilidad de contar con decretos de necesidad y urgencia como herramienta y, a partir de eso, argumentó la necesidad de una ley de emergencia que permita atender “uno de los escenarios más críticos que tuvo la historia de la humanidad”. Asimismo, mencionó que Gutiérrez anunció la posibilidad de 4 mil camas entre el sistema público y privado, de las cuales el 70% van a ser públicas.

Desde el Frente de Todos, la diputada Ayelén Gutiérrez calificó de “obscena” la deuda que figura en la ley aprobada. La legisladora enumeró las medidas económicas, sociales y sanitarias impulsadas por el gobierno nacional, y las diferenció de las “escasas” adoptadas por el gobierno provincial “que no responden a las necesidades de los neuquinos y las neuquinas”.

La diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) remarcó que su bloque está de acuerdo con la necesidad de aprobar una ley de emergencia sanitaria, pero cuestionó la falta de medidas de índole social. Aseguró que Neuquén es la única provincia en todo el país que pidió autorización para endeudarse en el marco de una ley de emergencia sanitaria, mientras que, a nivel internacional, los organismos financieros buscarán condonar deuda. “Es de una irresponsabilidad irracional”, resumió Parrilli.

Su compañera de bloque, Soledad Martínez, justificó el voto negativo bajo el argumento central de que la emergencia sanitaria no es tal sino un “paquete de endeudamiento” con un monto final desconocido que supera los 140 millones de dólares. Sobre este punto, Martínez cuestionó además que se dispongan como garantía de pagos las regalías hidrocarburíferas y los recursos hidroeléctricos de la provincia. “¿De qué vamos a vivir en un par de años?”, reflexionó la legisladora.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado César Gass dijo que el gobernador “no prende la televisión y no ve cómo el presidente convoca a todo el arco político”, y lo calificó como “un llanero solitario queriendo él solo batallar sobre estas calamidades y así no vamos a salir”. Subrayó que el sistema de salud es “reconocido en el mundo y hoy está desarticulado”. Su compañera de bloque, Leticia Esteves, se refirió a la emergencia sanitaria como una “ley de endeudamiento” y pidió que la autorización “no pase por las manos porosas y que no lo usen para el gasto corriente, no somos una escribanía del Poder Ejecutivo”. Finalmente, el diputado Lucas Castelli se manifestó “contento porque es la primera vez que escucho que el Ejecutivo se endeuda para asistir a los hospitales” y se refirió a Neuquén como una provincia “mal administrada”.

A su turno, la diputada Patricia Jure (FIT) justificó la decisión de presentar un despacho en minoría al calificar la iniciativa elevada por el Ejecutivo provincial como “una ley de endeudamiento” de una jurisdicción que no puede pagar los vencimientos previstos para el actual período fiscal, estimados, entre capital e intereses, en 17 mil millones de pesos.

En ese sentido, exigió no contraer un nuevo empréstito y pidió reorientar al sistema público de salud las partidas previstas para pagar dicha deuda, incorporar un impuesto del orden del 5% de las ganancias que obtenga el sector hidrocarburífero y centralizar el servicio de salud tanto público como privado.

En tanto, Andrés Blanco (PTS-FIT) destacó que uno de los mayores problemas que tiene la Argentina es que “sigue privilegiando el pago de la deuda externa”. Al respecto, focalizó que con sólo el 7,4% de los recursos que el país destina por día al pago de capital e intereses se podrían realizar 3500 test diarios a un costo de 400 millones de pesos.

Desde el bloque Partido Demócrata Cristiano, el legislador Carlos Coggiola adelantó el acompañamiento de la norma en general pero no así en su votación en particular, Consideró que la ley se reduce a un endeudamiento al indicar que el resto de sus alcances ya se encuentran previstos en los decretos 366 y 390 que oportunamente firmó el gobernador de la provincia.

Al hacer foco en el endeudamiento, diferenció en tres las líneas de financiamiento que propicia la norma y no tan sólo una como lo expone la medida. En ese sentido, recordó que a la autorización de uso del crédito por 140 millones de dólares se le debe agregar la disposición de fondos específicos creados por leyes especiales y de los recursos producidos por la ley 2751, de creación del Instituto de Juego de Azar y la posibilidad de recurrir a la colocación de letras del tesoro que superen el ejercicio financiero, tal como lo dispone el artículo 20 hasta el monto que demande los instrumentos financieros sin especificar el monto.

Desde el bloque Siempre, María Laura Bonotti indicó que la incorporación de fondos que se distribuirán a los municipios significará un “alivio” para las comunas. En tanto, su par de bancada, Andrés Peressini calificó como un logro la posibilidad de destinar 2500 millones de pesos que de manera directa alcanzarán a los municipios para hacer frente a las necesidades que demande la pandemia y la asistencia sanitaria. “Tenemos que darle poder económico a los intendentes y los presidentes de las comisiones de fomento”, acotó el legislador.

Alcances de la ley de emergencia
La norma dispone que el Ejecutivo provincial podrá coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de salud y obra sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud para que las camas, los recursos humanos y los elementos que puedan contribuir a la contención de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la emergencia sanitaria. También plantea la posibilidad de prorrogar la emergencia por única vez por el mismo plazo.

Por otro lado, posibilita que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia, y deberán comunicarlo de inmediato a Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, establece que las personas que tengan conocimiento de una infracción de esas normas pueden hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal o la policía.

Como parte de las facultades otorgadas, se podrá convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados. La convocatoria tendrá carácter de carga pública. Asimismo, podrá realizar la fiscalización de las normas contempladas en la emergencia sanitaria y aplicar sanciones económicas por incumplimiento.

Entre las medidas de emergencia, se incluyen un plan de protección ciudadana con contención física, psíquica y social de la población; la suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia; la suspensión de las ejecuciones fiscales y de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública.

También establece que el gobierno provincial podrá emitir instrumentos financieros para cancelar las obligaciones de pago del tesoro provincial, como así también desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar.

Además, plantea la implementación de sistemas de educación alternativos a distancia y la exención de forma total o parcial a los contribuyentes, de la obligación de abonar los mínimos mensuales fijados para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el artículo 211 del Código Fiscal Provincial vigente.

Proyectos incorporados sobre acciones preventivas contra el coronavirus
La emergencia sanitaria fue tratada en forma conjunta con otros seis proyectos. Se trata de una iniciativa del FIT para asignar partidas presupuestarias de emergencia al Ministerio de Salud para abastecer a los hospitales y centros de salud de insumos para la atención de la pandemia y una propuesta de ley del Frente de Todos para implementar un plan de educación con modalidad a distancia y virtual como contingencia frente a la situación epidemiológica.

A la vez, se incorporó el proyecto de ley del Partido Demócrata Cristiano para declarar de interés provincial la lucha contra el coronavirus, como así también tres proyectos del FIT y el PTS-FIT con medidas para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19) y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para la conservación de la salud; un pedido de informe al Poder Ejecutivo nacional sobre la pandemia del COVID-19 en el marco del DNU 260/2020 que establece la emergencia sanitaria; y otro dirigido al Poder Ejecutivo provincial sobre la cantidad de camas disponibles para internación de adultos, pediatría y neonatología con respirador artificial para la asistencia respiratoria mecánica (ARM), en los establecimientos públicos y privados.

La pandemia del coronavirus
El pasado 30 de enero, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus. La declaración internacional se adoptó ante un brote "grave, repentino, inusual e inesperado" con consecuencias sanitarias que trascienden las fronteras del país de origen. En tanto que el 11 de marzo el organismo internacional elevó la enfermedad a la categoría de pandemia; la propagación mundial de una nueva enfermedad. Hoy el principal objetivo de los países es controlar la extensión del virus, disminuir la cantidad de infectados, y evitar la saturación de los servicios de salud.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el 12 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia (260/2020) que amplía la Emergencia Sanitaria y dispone la adopción de nuevas medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus. En la actualidad en nuestro país rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 31 de marzo para todas las personas que se encuentren en Argentina.

La sesión finalizó a la 1.