En una audiencia celebrada este miércoles por la mañana, la fiscal Eugenia Titanti junto al asistente letrado Bruno Miciullo solicitaron la extensión de seis meses sobre la prisión domiciliaria de Miranda, acusada de asesinar salvajemente a Roque Mora (73) para saldar sus deudas de juego. Cabe recordar que en un comienzo, la defensa de la mujer buscó establecer la teoría de legítima defensa ante un presunto intento de abuso, pero esto fue duramente refutado por nueva evidencia que llevó a una reformulación de cargos.

Según la teoría de la fiscalía, Miranda mató y torturó a la víctima para robar sus ahorros, dinero con el que comenzó a saldar sus deudas de juego al día siguiente del crimen. Actualmente, la mujer se encuentra acusada de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma.

Titanti, primera en tomar la palabra, solicitó una prórroga de la cautelar por seis meses y fundamentó el pedido con los riesgos de entorpecimiento presentes. No obstante, explicó que aunque en un comienzo la parte acusadora había solicitado una preventiva (que no fue otorgada), no demostró ser necesaria.

"En el transcurso de estos dos meses corroboramos que la acusada no tuvo contacto con los testigos, que se mantuvo en su domicilio en todo momento y en todas las oportunidades que los rondines acudieron a la firma de planilla, estaba presente y así lo hizo. Estos son parámetros que nos permiten considerar que si bien no fue la medida solicitada en su momento, entendemos que fue eficaz para resguardar el proceso", se explayó la fiscal.

Los abogados de la querella adhirieron al pedido.

Las defensoras Celina Fernández y Jorgelina Montero no se opusieron a la extensión, aunque sí a su duración, ya que les parecía excesiva teniendo en cuenta que sólo restan dos meses de investigación previos al juicio. Por ello, propusieron que el plazo a cumplir sea de tres meses.

Sin embargo, la fiscalía indicó que los seis meses permitirían no sólo culminar la investigación sino también atravesar el juicio, que de mantenerse la calificación actual sería ante un jurado popular.

Al momento de resolver, la jueza Estefanía Sauli expresó su acuerdo con la fiscalía y avaló lo requerido en todos sus términos. "Se encuentra fundado el riesgo de entorpecimiento y seis meses resultan razonables", remarcó.

Fuente: LM Neuquén.