El Gobierno nacional abrió las ofertas económicas para la concesión de 4 represas en Neuquén y Río Negro. Las multinacionales AES (Estados Unidos) y Enel (Italia) quedaron afuera y habrá un desempate por un complejo.

El Gobierno nacional precalificó a los oferentes para la venta de las represas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Mañana se conocerán las ofertas económicas.

Así lo adelantó el gobernador Rolando Figueroa en el aniversario de la localidad. Destacó que las nuevas concesiones de las represas del Comahue contemplan percibir las regalías en especie y un porcentaje del canon del agua, recursos que se invertirán en obras locales.

El esquema incluye participación provincial, un canon por uso del agua y una revisión detallada de los antecedentes de las empresas oferentes.

Las provincias patagónicas firmaron un acuerdo y aseguraron más regalías, un canon por uso de agua y fondos para obras de seguridad hídrica, reconociendo que las provincias son dueñas de los recursos.

Tras un pedido de Neuquén y Río Negro, el Ejecutivo extendió por 15 días el llamado a concurso para vender acciones mayoritarias en centrales estratégicas.

Ante la decisión de Nación de ejercer el control tutelar del organismo, se advirtió sobre la seguridad y fiscalización que atañen a las represas emplazadas en los ríos Limay y Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa lo confirmó tras un encuentro con el secretario de Energía, Eduardo Chirillo. Alcanza a las concesiones de las represas sobre los ríos Limay y Neuquén.

En una nota enviada a Nación, que acompañó el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, se exigió acordar la elaboración de los pliegos para el funcionamiento de los complejos sobre los ríos Limay y Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En los próximos días vencerán la mayor parte de las prórrogas que fueron otorgadas a las empresas concesionarias. La provincia solicitó respuesta a sus legítimos reclamos como propietaria de los recursos hídricos.

La iniciativa contempla la creación de un fondo que recaudará los ingresos en cuestión. El 70% de dicho fondo se destinará a proyectos de generación eléctrica y otras energías, mientras que el 30% restante se distribuirá entre los municipios para obras de infraestructura.