
Siempre el cierre de un año hace pensar en la necesidad de un balance. En Plottier 2012 se podría decir que ha sido un año para olvidar. O mejor no, porque los pueblos sin memoria vuelven a cometer los mismos errores.
Este año estuvo marcado por el conflicto y el enfrentamiento no sólo en el ámbito del municipio, también en muchas otras instituciones.
La nueva gestión municipal, que generó gran esperanza en un sector importante de los vecinos, comenzó con el pie izquierdo ya que una de las primeras medidas que tomó fue intentar reducir la planta de personal a poco de asumir. Para eso despidió a más de 90 trabajadores pero tuvo que retroceder ante la fuerte resistencia gremial.
Un nuevo desacierto fue la compra de camiones y otros vehículos sin autorización del Concejo Deliberante y sin licitación pública como exigen las leyes. Avanzado el año el concejal Coggiola, quizá uno de los más cuestionados por su pasado, denunció penalmente a Peressini causa que todavía está en proceso y podría significar la destitución del intendente. Por mucha menos plata fue condenado el ex intendente de Chos Malal Carlos Lator y nuestra Carta Orgánica no deja dudas, dictado el auto de procesamiento por un delito doloso corresponde la suspensión y ante una condena, la destitución del funcionario.
En abril comenzó un durísimo conflicto gremial por la falta de pago de salarios que mantuvo al municipio inmovilizado casi todo el año. Esto se debió a la planta de personal sobredimensionada y a una notable falta de previsión del gabinete contable que solicitaba cada mes autorización al Concejo para pedir adelantos de coparticipación a la Provincia pero luego esa cifra no alcanzaba. Se llegó a una interpelación en el Concejo al secretario de hacienda Zapata de la que no salió muy bien parado.
El conflicto gremial alcanzó niveles de violencia nunca vistos y de los que aun se viven remezones. Hace pocos días el intendente denunció a un grupo de empleados por daños en la oficina de Recaudaciones, estos empleados a su vez aseguran haber sido golpeados previamente y sin motivo por una supuesta patota oficial en la Secretaría Privada.
El 2012 debió dejar alguna enseñanza a las dos partes, en especial a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. La violencia sólo genera violencia y no se puede apagar un incendio echado combustible. En definitiva, no hay patotas buenas y patotas malas.
En esos vaivenes la gestión perdió a dos secretarios, Riquelme y Cugliandolo, que aparentemente no han sido reemplazados.
También ha tenido una relación compleja con el Concejo Deliberante donde ha perdido votaciones sobre temas importantes con el voto de los integrantes de la alianza que lo llevó al gobierno. El Frente Para la Victoria se ha comportado como un partido opositor en casi todos los casos por lo que el ejecutivo sólo ha contado con los dos votos del bloque radical y del concejal Sepúlveda.
El Concejo si acompañó por unanimidad para los ajustes en los valores del módulo y los impuestos. El módulo se elevó escandalosamente triplicando las dietas de los mismos concejales y otros funcionarios mientras se sostenía que había una emergencia económica. El aumento impositivo fue muy importante y se hizo por exigencia del Pacto Fiscal firmado con el gobierno provincial intentando así cubrir el déficit estructural. Lo lamentable es que no se amplió la base de contribuyentes incorporando a las grandes empresas que no tributan por lo que todo el esfuerzo caerá sobre los que ya pagan sus impuestos sobre servicios muy deficientes o inexistentes. El único intento de incorporar a un gran contribuyente fracasó cuando “Los Canales golf & resort” consiguió que la justicia le concediera un amparo. Esta empresa siempre se sale con la suya aprovechando la debilidad o desvergüenza de los gobiernos. Consiguió que siga vigente la ordenanza que les permite conectarse a nuestro sistema cloacal, no liberó la costa del río y no piensa pagar un centavo de impuestos.
Miles de vecinos con deudas impositivas municipales se vieron en problemas ya que se sacaron las carpetas del estudio Griffero, quien cobraba un 50% de honorarios sobre la deuda con un mínimo de $1.300, y se transfirieron al estudio Rodríguez-Brito del Pino. Estas abogadas presupuestan y cobran $4.000 de honorarios sobre deudas de menos de $1.000. Esta situación ha sido denunciada por algunos vecinos en la justicia penal.
El Concejo ha cumplido un papel muy pobre como generador de políticas estructurales y en algunos casos le rozó el escándalo ante situaciones poco claras como su actitud hacia la prohibición de la pirotecnia.
Es una deuda tanto del ejecutivo como del Concejo que no se hayan generado proyectos para salir del modelo inmobiliario que dejó Gallia intentando definir un perfil productivo para Plottier. Se puede entender que al ejecutivo lo urgente no le permitió ocuparse de lo importante pero en el Deliberante los concejales parecería que trabajaron muy poco y sólo se ocuparon de temas menores. Sorprendió que en la última sesión del año se aprobara un loteo por vía de excepción como si nada hubiera cambiado.
El desarrollo inmobiliario que ha sido un fabulosos negocio para unos pocos está mostrando lo que se sabía iba a ocurrir. No hay manera de brindar servicios básicos a esos nuevos vecinos ya que las cooperativas prestadoras están colapsadas y con deudas que parecen imposibles de afrontar. Hoy los barrios antiguos reciben un pésimo servicio cosa que se agravará con la incorporación de los nuevos.
Hubo fuertes disputas por el control de la Cooperativa Eléctrica y la de Agua. En la primera, que tiene una deuda casi impagable con el EPEN, hubo un intento para dar un “golpe de estado” sobre el Consejo de Administración por parte de un grupo de delegados relacionados con Pilar Gómez y Lucio Parra ligados en extraño maridaje. Esto fracasó pese a contar con el respaldo de Personas Jurídicas donde se vio la influencia de los sectores del partido gobernante provincial.
En la Cooperativa de Agua hubo cambio de autoridades que enfrentan un duro desafío. En los últimos años ha recibido de los loteos entre $1.200 y $1.800 por lote para llevar agua hasta el lugar pero ese dinero se ha usado en el desarrollo o reparación de redes y en gastos corrientes. Esto también es responsabilidad del Deliberante por el atraso tarifario lo mismo que en la Cooperativa Eléctrica. No se invirtió en captación lo que significa una inversión de más de 3 millones de pesos que la Cooperativa no tiene. Esas obras son imprescindibles para dar un servicio mínimo a todos los barrios.
Hay muchos temas más que quedan pendientes para una próxima nota.
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