
La sesión del 11 de abril en el Concejo Deliberante fue muy tensa, allí se debatió durante una hora y media si se trataba sobre tablas un pedido del gremio ATE para una interpelación al Sec. de Hacienda Pablo Zapata.
Todo esto se originó en el pago de salarios en forma parcial algo que recuerda lo padecido durante 2012. En el debate, que fue comandado por Coggiola y Pilar Gomez, toda la artillería apuntó a la falta de previsión del secretario de Hacienda ya que se suponía que se había salido del bache financiero.
Se reclamó la falta desde el inicio de la gestión de los balances mensuales de Tesorería que debe rendir el ejecutivo ante el Tribunal de cuentas y hacer públicos para que tome conocimiento el Concejo y la población.
También se cuestionaron los cuantiosos gastos de la Expo, de la que tampoco se conocen los números finales, ya que fue con entrada gratis y también fueron gratuitos los stands para la mayoría de los expositores.
Se remarcó que la recaudación propia de los meses de enero y febrero rondó los 9 millones de pesos y por eso es llamativo que no alcance la plata para pagar los sueldos de marzo. Por primera vez se mencionó la posibilidad del juicio político a los funcionarios.
Al fin se pasó a comisión la nota de Ate y otra que ingresó el SEMP de similar tenor pero se votó sobre tablas una moción de Coggiola para que, mediante Comunicación, se exija al intendente la destitución del Sec. Zapata. Esta propuesta fue aprobada por 8 votos a 3 votando en contra el bloque Radical y el concejal Sepúlveda. La Comunicación no es vinculante pero fija claramente la opinión política del Concejo y eso tuvo su respuesta al día siguiente cuando el Intendente pidió la renuncia a todo su gabinete.
Al cierre de esta nota no se sabe a ciencia cierta que funcionarios serán reemplazados pero con seguridad Zapata dejará su puesto ya que también sería cuestionado por los funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia.
Entre tanto los gremios decretaron paro e incluso hubo un corte de ruta por varias horas el 16 de abril.
El reclamo de transparencia al ejecutivo por parte de Coggiola y Pilar Gómez podría sonar grotesco pero lo grave es que Peressini deja todos sus flancos expuestos por esa falta de previsión y transparencia. Las finanzas municipales siguen siendo un profundo misterio como en las gestiones anteriores ya que la excusa que se dio sobre un embargo imprevisto de $300.000 no explica el faltante de $1.500.000 que se solicitó a la Provincia para pagar los sueldos.
En esa misma sesión ingresó una nota de Sergio Chandía para informar sobre una denuncia penal por estafa y ante la AFIP que realizó contra las abogadas del Municipio que se ocupan del cobro compulsivo de deudas impositivas.
Este es otro tema pendiente ya que se supone que hay alrededor de 5.000 carpetas en ese trámite y las abogadas presupuestan cerca de $4.000 a cuenta de honorarios por cada caso aunque la deuda exigible sea menor a $1.000. Esto da una cifra cercana a los 20 millones de pesos que aportarían los vecinos deudores del Municipio y se llevaría ese desconocido estudio jurídico de Neuquén. El Concejo, entre tanto, no ha hecho nada al respecto.
La cantera ilegal en “Los Canales” está haciendo un importante daño ambiental ya que sus máquinas están destruyendo la costa del río con tala de muchos árboles en la desembocadura de la laguna Elena en el límite con el Nepen Hue. A esa cantera se suma otra en la zona de bardas que también sería explotada por Confluencia o al menos por la Sra. Sarita Stekli quien aparece como responsable de la empresa.
La Ordenanza 2261/04 prohíbe la extracción de áridos a menos de 500 metros de la línea de mayor crecida del río Limay, en zonas productivas y en el frente y piedemonte de bardas. En este caso se trata de una cantera ubicada en la Chacra D de Colonia San Francisco, calle Candolle al fondo, donde se encuentran afectados los Lotes 6, 7, 8 y 9 cada uno de ellos de 10 hectáreas. También se explotan los lotes 5 y 10 que están en la zona superior de la barda.
Sus excavaciones profundas llegan a muy poca distancia de las columnas de alta y media tensión de la red eléctrica, sobre la calle Candolle y sobre la barda, lo que genera un grave riesgo ya que con las lluvias y el viento pueden desestabilizarse y caer.
Las preguntas que surgen son si la empresa cuenta con la autorización por parte de la Dirección Provincial de Minería, si paga los gravámenes correspondientes y además que tipo de autorización municipal tiene. La Ordenanza 2261 establece como organismos de control a la Secretaría de Obras Públicas y/o la Dirección de Medio Ambiente a quienes parece que se les escapó que estas canteras violan la norma legal vigente.
Hay un fuerte reclamo por la falta de gestión en la resolución de los problemas cotidianos. En algunos casos se puede entender que la falta de presupuesto impida mejoras en el pésimo estado de las calles, deficiente recolección de residuos, etc.
En otros casos no hay explicación. El domingo 7 de abril hubo un corte de luz programado desde las 8 de la mañana hasta las 13 y por supuesto que dejaron de funcionar los semáforos. Cruzar la ruta 22 se transformó en una ruleta rusa en especial en las esquinas donde los arbustos del cantero central dificultan la visión.
Esta es una historia repetida y ha habido accidentes en situaciones similares. Se podría entender que eso pase en los cortes imprevistos pero es intolerable que ocurra en los programados. La seguridad sobre la ruta es responsabilidad de la policía provincial pero también debería interesar al municipio ya que quienes arriesgan su vida son vecinos de Plottier.
Sin ser experto en seguridad vial se puede suponer que con un pequeño operativo con policías y/o agentes municipales de tránsito se bajaría la velocidad de los que circulan sobre la ruta. Pareciera que las medidas preventivas se toman después de que ocurre una tragedia y es hora de que esto cambie.
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